ESPAÑA CONTROLARÁ LAS REDES SOCIALES DE QUIENES ENTREN EN EL PAÍS
Por 2001
Hace unos meses, cuando Estados Unidos anunció que estudiaría las redes sociales de los pasajeros que llegaran al país para decidir si permitirles o no la entrada, se generó bastante polémica.
Sin embargo, los últimos atentados ocurridos en Barcelona la semana pasada han acelerado el proceso para que la medida sea tomada también en los países de la Unión Europea y, por supuesto, también en España.
Se trata de poder recopilar la mayor información de los pasajeros que entran en el país analizando sus datos personales y compararlos con su rastro digital, analizando tanto sus redes sociales como los resultados de búsqueda que proporciona Google al incluir su nombre en él a través del proyecto PNR (Passenger Name Record) que fue ya implementado por Estados Unidos y que en España entrará en vigor a mediados de 2018, según confirma hoy El Confidencial.
Para recopilar toda esa información, la Unión Europea ya publicó en 2016 una directiva por la que se obligará a las aerolíneas a recopilar más datos de los pasajeros de los que ahora obtienen, como por ejemplo, su dirección física, número de tarjeta de crédito, número de teléfono y su dirección de email.
Toda esa información, mediante el empleo de sistemas de inteligencia artificial, sería cotejada con el rastro online del pasajero para determinar si podría ser sospechoso de perpetrar un atentado terrorista. A la hora de llevar a cabo esta acción, la Unión Europa concede a cada país cierta libertad para que decida cómo quiere rastrear a los usuarios.
En España el Gobierno convocó un concurso público para la creación de ese software que gestione los datos del PNR y permita cruzarlos con distintas bases de datos que finalmente se ha adjudicado la empresa Indra.
Según se señala explícitamente en las bases del concurso, este programa buscará en redes sociales como Twitter, Tumblr, LinkedIn, Instagram y YouTube, además de en foros y comentarios en blogs, siempre buscando información que haya sido subida a estas plataformas de forma pública.
La información recopilada, que se obtendrá de todos los pasajeros, no sólo de aquellos que sean sospechosos de terrorismo, será conservada durante cinco años por el Gobierno de España y después se destruirá.
