Protección de fronteras, sistemas de vigilancia, reconocimiento facial y biométrico… La industria de Defensa investiga cómo adaptar su negocio militar a la seguridad civil con 11.000 millones de euros salidos de las arcas públicas.
Año 2012. Antes de la crisis migratoria. Antes del auge del Estado Islámico, del enquistamiento de la guerra civil siria, de que Libia se convirtiera en un país sin Estado. Antes de los atentados de París, de los de Bruselas, de los de Barcelona, de la matanza en la redacción de Charlie Hebdo. Antes incluso de la teoría de la injerencia rusa en el ciberespacio, la Comisión Europea propuso encerrar a la UE en su propia concha y convertir el Viejo Continente en un búnker ultraprotegido.
En 2012 Bruselas propuso entroncar el concepto de «seguridad» con todo lo demás. No se refería a las medidas que han aumentado tradicionalmente la sensación de seguridad de la ciudadanía europea, como el refuerzo del estado del bienestar, el empleo, la sanidad, la educación o las pensiones. No: se refería a aplicar tecnología militar a todas las áreas civiles que se pudiera. La industria de Defensa convenció a la UE de la necesidad de desarrollar un nuevo sector económico comunitario, la «seguridad interior», mientras aplicaba austeridad a todo lo demás y dejaba que su entorno cercano ardiera, dando sentido al búnker.
La UE ha destinado 11.000 millones para crear una industria de «seguridad interior» que dominarán las empresas de armas
En total, la UE ha destinado 11.000 millones de euros de fondos públicos en el período 2014-2020 para investigar cómo adaptar tecnología militar a la seguridad civil. Se los han repartido las empresas de armas y los destacados institutos de investigación (financiados por la propia industria) que alertan de los peligros que amenazan Europa y, de paso, presionan para que el grifo de dinero público del que bebe el mercado de armamento no se cierre nunca.
Tal y como refleja el estudio Fuerzas del Mercado: el auge del complejo industrial de la seguridad de la UE del Transnational Institute (TNI), las empresas que han presionado en Bruselas para conseguir esta financiación han sido las mismas de siempre: Indra, Airbus, BAE Systems (segundo mayor contratista militar del mundo) o Leonardo (gran grupo industrial italiano que comercializa electrónica de defensa y tecnología aeroespacial), miembros del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad (PEIS), organismo clave en la obtención y gestión de los fondos.