Mientras estas nuevas tecnologías resultan cada vez más un factor decisivo en la trasformación digital de la sociedad y la economía, los marcos regulatorios giran en torno a su carácter estratégico.
A partir de la articulación del 5G con la internet de las cosas, el big data, la inteligencia artificial y la industria 4.0 estas redes resultan un factor decisivo en la transformación digital de la sociedad y la economía. Foto: AFP.
No caben dudas de que las redes de acceso inalámbrico fijas y móviles con tecnología 5G producirán una transformación sustancial en la conectividad, y serán una herramienta fundamental para la consolidación definitiva de la nueva economía de datos. A partir de su articulación con la internet de las cosas (IoT), la Inteligencia Artificial, el Big Data y el soporte de tecnologías como la conducción autónoma, la impresión 3D, la industria 4.0, la telemedicina y la realidad virtual, estas redes resultan un factor decisivo en la transformación digital de la sociedad y la economía.
Por su carácter estratégico, la agenda regulatoria será amplia y en ella confluyen las cuestiones referidas al despliegue de redes y la gestión del espectro radioeléctrico, junto a las problemáticas de la privacidad, la protección de datos personales y la seguridad de la información. La tecnología 5G cristaliza, en este sentido, la nueva agenda de regulación de la segunda convergencia, con eje en la conectividad y en los datos.
En primer término, las redes inalámbricas 5G demandan recursos del espectro radioeléctrico que aún no se han definido en nuestro país. La primera decisión, indispensable para comenzar a transitar un camino que nos lleve a la adopción y despliegue de la 5G, será la atribución de bandas de frecuencias bajas, medias y altas que utilizarán sus redes y servicios. Por una obvia cuestión de escala y de interoperabilidad, la Argentina no debería alejarse de las decisiones adoptadas por la UIT y, fundamentalmente, de aquellas tendencias que se observan en la región, donde distintos países han definido las bandas de 3.5 GHz y 26 GHz como frecuencias medias y altas.
Para los autores, «podrían fijarse incentivos adicionales para el despliegue de las redes reintegrando todo, o parte, del precio de las frecuencias a aquellos operadores que cumplan con determinados parámetros de despliegue y cobertura». Foto: AFP.
Un desafío particular, en materia de espectro, es la definición de modelos de asignación que atiendan a las disímiles características técnicas de las bandas de frecuencias que utilizan, las que podrían ser tenidas en cuenta para evaluar diferentes mecanismos, adoptando otros criterios en cuanto a coberturas geográficas y cantidad de segmentos a asignar, distinguiendo entre frecuencias bajas y medias, y las frecuencias altas o milimétricas. En este último caso, podría evaluarse, además, la posibilidad de su asignación a usuarios privados para el desarrollo de redes corporativas de alta densidad, tendientes a promover la adopción tecnológica en el entorno productivo para el desarrollo de la industria 4.0, la IoT y otras tecnologías.
Es necesario, entonces, revisar el criterio recaudatorio que ha predominado en la asignación de espectro hasta la fecha, para privilegiar, en cambio, criterios asociados a la cobertura de servicios y velocidad de despliegue de las redes. Podrían fijarse incentivos adicionales para el despliegue de redes, reintegrando todo o parte del precio de las frecuencias a aquellos operadores que cumplan con determinados parámetros de despliegue y cobertura.
Además, la asignación de frecuencias debería prever normas claras y responsabilidades precisas respecto de la migración de usuarios que actualmente las ocupan. La experiencia de nuestro país con las frecuencias de 4G, en la asignación de bandas sin haber migrado los servicios que las ocupaban ni definido reglas claras en la materia, fue conflictiva y generó enormes dificultades.